*Juan Pablo Rodríguez C
**René M. Castro V
¿Cómo implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) efectivo, eficiente, oportuno y suficiente?
Hoy 18 de Agosto se celebra en Colombia el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y en este día se oyen muchas voces acerca de como luchar contra este flagelo que tanto daño le hace a nuestra sociedad.
Hoy, por ejemplo, la Vicepresidente de la Republica de Colombia, Martha Lucia Ramírez, en una columna en el periódico El Tiempo titulada: “Una lucha sin tregua contra la Corrupción”[1], enumera varias iniciativas en este sentido: “A esta lucha permanente, sin tregua, hemos convocado a la comunidad internacional, instituciones del orden nacional, departamental y municipal, empresa privada y academia.” Así mismo, informa que incluyeron en el “Plan Nacional de Desarrollo el capítulo ‘Alianza contra la corrupción: cero tolerancia con los corruptos’, que plasma la visión a corto, mediano y largo plazo para reducir este fenómeno en Colombia” y que el 20 de julio de 2019, radicaron ante el Congreso un proyecto de ley anticorrupción para fortalecer el marco normativo, prevenir, investigar y sancionar eficazmente este delito. (sobre este proyecto de ley nos pronunciaremos próximamente en un nuevo artículo).
También, lanzaron la “Ruta de Transparencia en el sector privado: promover integridad y convertir las empresas de cada sector en agentes del cambio”. Iniciarán el nuevo “Plan de acción nacional de gobierno abierto” y formularán la nueva “Política pública de integridad, transparencia, legalidad y Estado abierto”.
En la misma edición del periódico El Tiempo, el Contralor General de la República de Colombia, Carlos Felipe Córdoba, en una columna titulada: “Más ‘frustraduría’ que ‘asustaduría’”[2] explica las bondades del proyecto de ley presentado al Congreso de la República donde afirma que: “El acto legislativo busca dotar al órgano de control de la capacidad de ejercer un control preventivo –no previo– y concomitante frente a la ejecución del gasto público. Anticipándonos al daño fiscal y resguardando los dineros que tanto necesitan los colombianos más vulnerables. No podemos seguir andando en bicicleta mientras que los corruptos andan en Lamborghini.”
Agrega el Contralor que: “La corrupción no se combate con estudios abstractos en el aséptico escritorio de algún elegante ‘think tank’ nacional.” y que “no va a entrar en discusiones académicas inútiles porque está ocupado luchando contra la corrupción concreta y real, y no piensa perder un solo segundo en algo distinto a ese objetivo.”
A este respecto, creemos que el tema de la corrupción está sobrediagnosticado en Colombia y que tanto las causas como los efectos y las medidas anticorrupción ya han sido estudiadas y comprobadas, no se necesitan más leyes ni regulaciones, lo único que falta es la voluntad política del gobierno, del Congreso y del sistema judicial para hacer cumplir las muchas leyes que existen sobre la materia y que contemplan la mayoría de los aspectos fundamentales para atacar este delito. Para citar solo algunas: La Ley 190 de 1995 conocido como el Estatuto Anticorrupción, la Ley 970 de 2005, que ratificó la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, la Ley 1573 de 2012 que ratificó la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Combatir el Cohecho, la Ley 1474 de 2011 conocida como la Ley Anticorrupción (que modifico algunos apartados de la Ley 190 de 1995), la Ley 1762 de 2015 conocida como la Ley Anticontrabando, y la Ley 1778 de 2016 conocida como la Ley Antisoborno.
Hacemos esta afirmación de que el fenómeno de la corrupción está sobrediagnosticado porque llevamos más de veinte años investigando este tema, dictando clases en programas de especialización en diferentes universidades nacionales e internacionales, participando en foros nacionales e internacionales, asesorando compañías a implementar Sistemas de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) y escribiendo acerca de la necesidad de luchar efectivamente sobre este flagelo. Casualmente hace unos días revisábamos un articulo nuestro publicado en 1999 en el diario La República, titulado “La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción” y notamos que este artículo publicado hace 20 años no ha perdido vigencia lo que confirma que en 20 años no ha pasado nada en materia anticorrupción en nuestro país y que las causas, los efectos y las medidas anticorrupción siguen siendo las mismas, el único problema es que no ha habido voluntad política para aplicar las leyes existentes.
Siempre hemos creído que la participación ciudadana es fundamental para atacar la corrupción, pero también la enseñanza de la ética y de los valores en la familia, en el colegio, en la universidad, así como el cumplimiento de la ética pública por parte de los funcionarios del gobierno y el compromiso del sector privado y de la sociedad en general que entiende que la lucha contra la corrupción requiere voluntad política para crear instituciones sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas no solo en el sector público sino en el sector privado.
En un estudio del Fondo Monetario Internacional titulado: Tackling Corruption in Government[3] (Hacer frente a la corrupción en el gobierno), se afirma que el verdadero costo de la corrupción es más alto de lo que se cree, porque la corrupción corroe la capacidad del gobierno para ayudar a hacer crecer la economía de una manera que beneficie a todos los ciudadanos.
El estudio plantea algunas lecciones para los países para ayudarlos a construir instituciones efectivas que reduzcan las vulnerabilidades a la corrupción:
Sin embargo, cada día se siguen presentando casos de corrupción que a veces resultan inverosímiles como el descubierto hace unas semanas de una red criminal que emitía facturas falsas para evadir obligaciones tributarias y que solo una de las organizaciones realizaba operaciones cercanas a los 40.000 millones de pesos anuales (más de 13 millones de dólares). En este caso en particular, es importante conocer y judicializar no sólo a la banda criminal sino a aquellas empresas que compraron dichas facturas falsas, a sus representantes legales, a sus asesores tributarios, a sus contadores públicos, a sus revisores fiscales, etc.
Para nadie es un secreto que cuando se conocen estos casos de corrupción, los ciudadanos se preguntan si estas compañías no tenían un Código de Buen Gobierno Corporativo, un Código de Ética o Conducta, unos controles internos, etc., pero en casi todos los casos, la respuesta es afirmativa. Entonces, ¿En que se está fallando?
La respuesta es que no se dispone de un efectivo, eficiente, oportuno y suficiente Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) hecho a la medida de cada empresa, que la Alta Gerencia esté comprometida decididamente en la lucha anticorrupción, que se hayan mapeado los procesos de toda la compañía para identificar los riesgos de soborno y corrupción, que se haya construido una matriz de riesgo de soborno y corrupción donde aparezcan todos los riesgos identificados y que se haya medido objetivamente el riesgo inherente y el riesgo residual, que se hayan establecido controles eficaces y eficientes, que se haya implementado una política efectiva antisoborno y anticorrupción, que se hayan implementado procesos de debida diligencia de todas las contrapartes, que se haya capacitado a todos los empleados y a todas las contrapartes en el SARSC, que se hayan establecido señales de alerta propias de la empresa y adaptada a sus características para prevenir la corrupción, que se haya efectuado un eficaz monitoreo y seguimiento al sistema, que se tengan líneas de denuncia interna y externa manejados por un tercero independiente que garantice que no habrá represalias contra los denunciantes, etc.
Para implementar este sistema SARC se deberían utilizar los estándares internacionales disponibles, tales como:
Sin embargo, el hecho de tener implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC), no les garantiza a las empresas que no vayan a existir hechos de soborno y corrupción. Ninguna empresa es inmune al soborno y la corrupción. Para ello, es necesario el compromiso de la Alta Gerencia para que la política antisoborno y anticorrupción y el SARSC en general, sea cumplido por todos los empleados (incluidos ellos) y por todas las contrapartes que interactúan con la compañía.
Finalmente, si cada uno de nosotros como ciudadanos no hacemos la tarea que nos corresponde en la lucha anticorrupción, nos debemos resignar a que nuestro país, y, por ende, nuestras empresas aumenten el riesgo de soborno y corrupción. Es muy importante que todos los sectores de la sociedad reconozcan y asuman sus responsabilidades. La corrupción ha socavado los derechos de los ciudadanos y no pueden darse el lujo de esperar más para reclamarlos.
En el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, todos debemos asumir nuestro rol para combatirla. Las empresas deberían implementar voluntariamente el Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) y no porque un organismo regulador lo obligue, ese debería ser su compromiso con la sociedad donde opera y ser consciente que el tener implementado el sistema SARC le garantizará no tener problemas de reputación que le generarán costos económicos enormes. Por lo tanto, es necesario adoptar un mecanismo y un enfoque diferentes para combatir la corrupción que busque de manera amplia y genuina racionalizar el compromiso ciudadano en todos los pasos y etapas.
“Todos somos parte de la solución en la lucha contra el soborno y la corrupción”.
*Juan Pablo Rodríguez C.
Abogado Penalista
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016
Presidente y Socio de RICS Management.
**René M. Castro V.
Contador Público, Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certificate on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, 2016
Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.
Vice-Presidente & Socio RICS Management
[1] Ver columna completa en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/marta-lucia-ramirez/una-lucha-sin-tregua-contra-la-corrupcion-columna-de-marta-lucia-ramirez-402122
[2] Ver columna completa en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/carlos-felipe-cordoba/mas-frustraduria-que-asustaduria-columna-de-carlos-felipe-cordoba-larrarte-402130
[3] Ver en: https://blogs.imf.org/2019/04/04/tackling-corruption-in-government/
[4] ISO: Sigla en inglés de la Organización de Estandarización Internacional. (International Organization for Standardization).
