Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela[1]
*Juan Pablo Rodríguez C
**René M. Castro V
La responsabilidad penal de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs en casos de narcotráfico
La institución de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs[2] es una herramienta que ha servido para identificar a las personas de alto rango en las diferentes ramas del poder público y de las fuerzas policiales y armadas de los países, que en algunas legislaciones se amplía a destacados cargos de organizaciones internacionales, sobre los cuales los sujetos obligados al cumplimiento de normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo deben identificar y aplicar una debida diligencia aumentada a fin de determinar el origen de su riqueza y la forma de manejar sus recursos, convirtiéndose también en una herramienta anticorrupción, derivada de las convenciones internacionales sobre la materia; pero que algunos han definido de forma equivocada como una “lista negra” de cargos y personas, lo cual contrasta con su verdadero objetivo, que es aumentar el nivel de riesgo de las entidades públicas y privadas con las que se relacionan.
Acusación contra Nicolás Maduro y otros
El pasado 26 de marzo de 2020, el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, anunció la acusación (indictment)[3] que presentaron Geoffrey S. Berman, Fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Brian Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, Uttam Dhillon, Administrador Interino de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”) y Alysa D. Erichs, Directora Ejecutiva Interina del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos para Investigaciones de Seguridad Nacional (“HSI”), de forma separada contra Nicolas Maduro Moros, Presidente de Venezuela; Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, Alias El Pollo, Exgeneral venezolano; Cliver Antonio Alcalá Cordones, Exjefe militar venezolano; Luciano Marín Arango, Alias Iván Márquez, Disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Seuxis Paucis Hernández Solarte, Alias Jesús Santrich, Disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por un lado, una acusación incluye cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, Clíver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango, alias “Ivan Marquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”; y por otra parte, la otra acusación se refiere a violaciones de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (“IEEPA”[4]) a la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (“Ley Kingpin”[5]), y una conspiración relacionada para defraudar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Activos Extranjeros Control (“OFAC”), contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Joselit Ramirez Camacho y Samark López Bello; y en ese sentido los cargos están contenidos en las acusaciones separadas reveladas por la Corte Federal de Manhattan, y ambos casos están pendientes ante el despacho del Juez Federal de Distrito, Alvin K. Hellerstein.
El Departamento de Estado de EE.UU., a través de su Programa de Recompensas de narcóticos, ofrece recompensas de hasta $15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro Moros, hasta $10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Marín Arango.
Cualquier persona con información que pueda conducir al arresto y/o condena de Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios o Marín Arango puede enviar un correo electrónico a la DEA a CartelSolesTips@usdoj.gov, o enviar un mensaje a la DEA al 1-202-681-8187 usando mensajes de texto, WhatsApp.
El Departamento de Estado de EE.UU. también ofrece recompensas de hasta $10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah. Cualquier persona con información que pueda conducir al arresto y/o condena de El Aissami Maddah puede comunicarse con HSI al 1-866-347-2423.
Es necesario, referirnos a las declaraciones hechos por Altos Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos sobre el particular:
El Fiscal General William Barr dijo:
“El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción. Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses.
El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales”.
El Fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman dijo:
“Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años. El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos.
Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación formal no era la política o el servicio del pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico”.
El administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon, dijo:
“Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro. Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento del pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan”.
La Directora Ejecutiva interina de ICE para HSI, Alysa D. Erichs, dijo:
“La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de cumplimiento de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades más seguro y libre de corrupción.
El anuncio de hoy destaca el alcance global y el compromiso de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de EE. UU., explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera funcionarios políticos poderosos “.
En el indictment se establece que al menos, desde 1999, Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, alias “El Pollo” y Clíver Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes del “Cártel de Los Soles”, que deriva su nombre de a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango y que Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, el legislativo y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Citando el indictment se lee que el Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también “inundar” a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos.
Marín Arango y Hernández Solarte como líderes de las FARC (antigua guerrilla, hoy partido político), a partir de 1999, mientras pretendían negociar la paz con el Gobierno de Colombiano, acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel, para posteriormente, enviar cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Dichos cargamentos, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 2004 se enviaron aproximadamente 250 toneladas de cocaína por año, que para el caso de los envíos marítimos se hicieron desde la costa norte de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores; y para el caso de los envíos aéreos a menudo se hacían desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure.
De forma más específica, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de tráfico de drogas ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína “puente aéreo” entre Venezuela y Honduras.
En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros:
a. Negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC;
b. Ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC;
c. Coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y
d. Solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.
En relación con los acusados, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos dijo que Maduro Moros es el ex presidente de Venezuela, ocupó un asiento en la Asamblea Nacional entre 2000 y 2006, actuó como ministro de Relaciones Exteriores venezolano entre 2006 y 2013, y fue Vicepresidente de Venezuela en 2013. También dijo que Maduro Moros sucedió a la presidencia venezolana después de la muerte de Hugo Chávez en 2013 y durante su mandato, continuó participando en el tráfico de cocaína con el Cártel de Los Soles y las FARC. En 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la constitución venezolana y declaró que Maduro Moros había usurpado el poder y no era el Presidente de Venezuela, y por tal razón, más de 50 países, incluido Estados Unidos, se han negado a reconocer a Maduro Moros como Jefe de Estado de Venezuela y, en cambio, reconocieron a Juan Guaidó como Presidente Interino de Venezuela. En ese orden de idenas, en enero de 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. certificó la autoridad de Juan Guaidó, como Presidente Interino de Venezuela, para recibir y controlar propiedades en cuentas en la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenidas por el Gobierno venezolano y el Banco Central de Venezuela.
Sobre Cabello Rondón se dijo que es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas, y que actuó como Jefe de Gabinete de Hugo Chávez en el 2001, Vicepresidente de Venezuela en 2002, Gobernador del Estado Miranda de Venezuela entre 2004 y 2008, y Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2012 y 2016.
En el caso de Carvajal Barrios se dijo que es ciudadano venezolano y fue Director de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela, conocida como Dirección de Inteligencia Militar (“DIM”), entre 2004 y 2011; no obstante, debe recordarse que abril de 2011, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación original en este caso, acusándolo de narcotráfico, 11 Cr. 205 (AKH), sin embargo, en 2013, Maduro Moros lo convirtió en el Director del DIM por segunda vez y entre enero de 2014 y junio de 2014, ocupó el título de Cónsul General de Venezuela en Aruba, y para enero de 2016, a pesar de ser un fugitivo en los cargos de narcotráfico descritos anteriormente, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hasta fecha de publicación de este artículo, Carvajal Barrios sigue prófugo de los cargos pendientes en las acusaciones subyacentes en el Distrito Sur de Nueva York y está sujeto a una orden legal de extradición emitida por España en aproximadamente 2019.
De Alcalá Cordones solo se dijo que es un ex General en el ejército venezolano. Pero al día siguiente de la aucsación se entrego en Colombia a las autoridades de los Estados Unidos, a instancias de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Para el caso de Marín Arango se unió a las FARC en 1985. En 2006, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó un cargo por tráfico de drogas contra 50 líderes de las FARC, incluido Marín Arango y hasta la fecha de publicación de este artículo, es un prófugo de ese cargo y miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC.
Y sobre Hernández Solarte se dijo que se unió a las FARC aproximadamente en 1991 que fue un miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC y en 2018, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos de tráfico de drogas contra Hernández Solarte y sigue prófugo de esos cargos.
En relación con los cargos por los delitos cometidos, se dijo que Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango, y Hernández Solarte, han sido acusados de:
Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el Juez o Tribunal respectivo.
El Fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Se debe tener en cuenta que los cargos en la acusación de sustitución son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Acusación contra Tareck El Aissami y otros
Por su parte en un indictment separado fueron acusados por el Tribunal Federal de Manhattan, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Vicepresidente de Economía de Venezuela, Joselito Ramirez Camacho, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y Samark Lopez Bello, un empresario venezolano, por presuntas violaciones de IEEPA, la Ley Kingpin y otros delitos relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y Lopez Bello.
Según la acusación, desde febrero de 2017 y hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramirez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE.UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro Moros en 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas contra Maduro Moros después de organizar las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que Cabello Rondón ahora dirige.
Los cargos contra El Aissami Maddah, Ramirez Camacho y Lopez Bello, son por los siguientes delitos:
El Aissami Maddah y Ramirez Camacho también están acusados de:
Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el Juez o Tribunal respectivo.
El Fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman resaltó el excelente trabajo de investigación de la Oficina de Campo de Nueva York de HSI, así como de la OFAC, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Este caso también está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los Fiscales Federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.
Se debe tener en cuenta que los cargos en la acusación de sustitución son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Acusación contra Vladimir Padrino López
Simultáneamente fue revelada una acusación en el Distrito de Columbia contra Vladimir Padrino López[6], Ministro de Defensa de Venezuela. La acusación formal alega que, desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
Padrino López, quien tiene el rango de General en las Fuerzas Armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al Ejército Venezolano a obligar a aterrizar o a derribar aeronaves sospechosas. Sin embargo, Padrino López permitió que a otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaron sobornos, les fue permitido transitar con seguridad el espacio aéreo venezolano.
El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a Padrino López en su Lista de Nacionales Especialmente Designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones financieras con él.
La Oficina de Distrito de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) en Orlando, Florida, dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. De la misma forma, el subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.
Adicionalmente, esta semana se conoció un informe[7] con la investigación realizada por el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que revela una red de empresas y propiedades en Estados Unidos tejida a través de familiares del Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, así como todo un entramado corporativo de 35 generales activos del Ejército Venezolano, que mediante compañías de su propiedad han obtenido 225 contratos con el régimen venezolano.
Según este informe, durante 20 años, Yarazedt Betancourt, esposa de Padrino López y otros parientes, fueron los principales cómplices de este entramado familiar que incluye empresas y bienes raíces en Estados Unidos y Venezuela[8], valorados en millones de dólares. Solo cinco de esas empresas obtuvieron beneficios superiores a los $700.000 dólares en un año.
Así mismo, la OCCRP reveló que 35 generales de las Fuerzas Armadas crearon 42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado, a través de las cuales han obtenido 225 contratos, a pesar de que en Venezuela está prohibido que los funcionarios hagan negocios con el Gobierno.
Los miembros del Club de los 35, como los bautizó OCCRP, se relacionan con 42 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas en las últimas décadas y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 225 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.
Lo anterior confirma como se siguen presentando fallas al efectuar la Debida Diligencia Mejorada sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y sus familiares más cercanos o testaferros, que no permiten conocer realmente al Beneficiario Final[9].
Reflexiones
Vistas las acusaciones de funcionarios públicos de Venezuela y de dos exintegrantes del Congreso de la República de Colombia que son catalogados como PEPs, en el evento que el Juez o Tribunal respectivo decrete su responsabilidad penal, se debe tener en cuenta, por parte de los sujetos obligados del sector financiero y de las APNFDs, que:
*Juan Pablo Rodríguez C.
Abogado Penalista
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certified Professional in Anti-Money Laundering – CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association).
Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016
Presidente y Socio de RICS Management.
**René M. Castro V.
Contador Público con Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile.
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certified Trainer y Lead Compliance Manager on ISO 19600, PECB, 2020
Certified on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, (LSE), 2016
Certified on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.
Vice-Presidente & Socio RICS Management
[1] Advertencia previa: Este artículo se realizó con base en la información pública del caso, como la acusación, las referencias en las páginas oficiales de las autoridades de los Estados Unidos y las noticias de prensa de diferentes medios de comunicación.
[2] Se puede profundizar la información sobre los PEPs en la cartilla de este link: https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/08/CARTILLA-PEPs-WEB.pdf
[3]https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-narco-terrorism-charges-against-nicolas-maduro-current
[4] International Emergency Economic Powers Act.
[5] Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.
[6] Ver comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos en: https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
[7] Ver informe completo en: https://www.occrp.org/en/revolution-to-riches/
[8] Ver la Cartilla sobre beneficiario final en: https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2017/07/06_05_17_Cartilla-de-beneficiario-final-web-impresior-corregido.pdf
[9] Ver nuestro articulo “El Beneficiario Real y la Debida Diligencia” en: https://ricsmanagement.com/press/el-beneficiario-real-y-la-debida-diligencia/
